¿Por qué luchamos contra la “Pobreza Energética” cuando deberíamos trabajar por la “Igualdad Energética”?

Ya nos hemos acostumbrado a utilizar la terminología de “pobreza energética” como si fuese algo tan sencillo y habitual que cualquier situación tiene cabida dentro de esas palabras, pero ¿qué es realmente la “pobreza energética”? ¿Existe de verdad?… la gente, ¿es pobre energéticamente o es pobre en todos los aspectos? ¿Por qué la energía se ha convertido en un arma social?

Igualdad 1Frente a esta situación y partiendo de la existencia de multitud de informes locales, regionales, nacionales e internacionales las instituciones y la sociedad en general se enfrentan uno de los grandes retos sociales de nuestra época; garantizar un mínimo de confort y habitabilidad a todos los ciudadanos.

Conseguir un mínimo confort y habitabilidad supone tener claro cuál es punto de partida y cual es nivel que debería establecerse. La complejidad de establecer un ratio de consumo y confort hace que se distorsione la realidad.

Si queremos combatir la llamada pobreza energética, debemos establecer cual es nivel de confort medio para cada situación o perfil y trabajar con las medidas que permitan llevar a los afectados al nivel medio establecido. Y lógicamente gestionar adecuadamente los recursos económicos para ello.

Para establecer esas medias de confort y utilización energética es necesario analizar al menos los siguientes parámetros: el nivel de ingresos y gastos de la unidad familiar, los equipamientos existentes incluyendo la parte constructiva y la forma de utilización, el nivel de conocimiento e inquietud por el control energético y económico.

En función a esas premisas se debería comparar con el perfil correspondiente donde con las condiciones adecuadas se alcanzase un mínimo de confort para hacer habitable un hogar y tras esa comparación definir una estrategia que permita actuar en todos los frentes.

¿Cómo avanzar hacia un modelo de igualdad energética? La primera fase sería la de definición de la situación de partida analizando el nivel económico de la unidad familiar, los equipamientos existentes, su modo de utilización y el grado de sensibilización o formación de la unidad familiar.

Una vez establecido el posicionamiento real es necesario determinar las necesidades efectivas que serían necesarias para alcanzar una situación de igualdad y racionalidad energética. Esto pasa por calcular la cantidad y coste energético que serían necesarios para garantizar una utilización confortable del hogar.

Pobreza 2

Establecido el punto de partida y la situación de igualdad energética se deben establecer las medidas básicas y sin coste para intentar reducir sin la necesidad de inversiones la distancia entre los dos puntos. Entre ellas están lógicamente, la adecuación de tarifas, la formación, la sensibilización y el ajuste de hábitos.

En segundo lugar, como apoyo o refuerzo a las acciones sin coste sería necesario hacer partícipe a la unidad familiar de la demanda, consumo y coste a tiempo real. Para ello es necesaria la incorporación de soluciones que permitan gestionar e informar de los comportamientos o de los momentos más adecuados para el consumo energético, además de vigilar el grado de confort.

Una vez establecido el diferencial energético y alcanzado el nivel máximo de ahorro sin la necesidad de ayudas o inversiones, llega el momento de actuar y paliar las situaciones de desigualdad energética real. Es el momento de destinar recursos a paliar económicamente las diferencias con una canalización económica adecuada o iniciar procesos de rehabilitación o regeneración de instalaciones y electrodomésticos sin dejar la supervisión constante del uso energético de la vivienda.

Desarrollar una política de igualdad energética, requiere un especial impulso institucional y una gestión eficaz que apoyándose en soluciones garantizadas permita vigilar y controlar permanentemente las situaciones de desigualdad.

Trabajar por la igualdad energética puede fomentar un cambio social y favorecer la integración de aquellas personas más desfavorecidas económicamente. Las instituciones podrían desarrollar estrategias más coherentes y contundentes para resolver esta situación apostando por fomentar acciones a medio y largo plazo más allá de las ayudas económicas o la presión sobre las distribuidoras o comercializadoras eléctricas.

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